El Tribunal del Trabajo N° 3 de La Matanza convalidó el despido con causa de un trabajador de Química Rame y sentenció que el bloqueo a empresas constituye una vía de hecho ilegítima, sin amparo en la Constitución ni en los convenios de la OIT.
En un fallo de fuerte impacto para las relaciones laborales y la actividad gremial, el Tribunal del Trabajo N° 3 del Departamento Judicial de La Matanza rechazó de manera unánime la demanda indemnizatoria impulsada por un exempleado de la empresa Química Rame, convalidando la procedencia de su despido con justa causa tras haber participado de un bloqueo que paralizó las instalaciones de la planta fabril en Villa Luzuriaga a fines de 2021.
La resolución judicial, adoptada con el voto del juez Marcelo Molaro y la adhesión de los magistrados Pedro Romano y Hernán Busetti, marcó un precedente doctrinario al delimitar los alcances de la protesta obrera y sentenciar de forma categórica que las acciones de corte y obstrucción forzada de establecimientos productivos carecen de amparo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
En sus considerandos, los magistrados establecieron una diferenciación jurídica sustancial entre el derecho constitucional de huelga —garantizado por el artículo 14 bis de la Carta Magna— y las maniobras de bloqueo coactivo. La sentencia remarcó que impedir físicamente el acceso y egreso de personas o mercaderías mediante la colocación de vehículos, vallas o quema de neumáticos excede la nocividad inherente a la suspensión pacífica de tareas y configura una vía de hecho obstructiva de carácter ilícito.
El tribunal puntualizó además que este tipo de medidas no encuentra resguardo en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual impone a las entidades gremiales el deber de respetar la legalidad vigente. En ese marco, los jueces subrayaron que la doctrina internacional resguarda de forma inviolable la libertad de trabajo de los operarios no huelguistas y su derecho individual a no acatar medidas de fuerza impuestas mediante actos de coerción o violencia.
La causa tuvo su origen en el conflicto desatado en diciembre de 2021, cuando una disputa intersindical entre el Sindicato de Químicos de Avellaneda y el del Conurbano Sudoeste derivó en la paralización forzada de la pyme durante más de una semana, generando pérdidas millonarias en lucro cesante y agresiones hacia los propietarios de la firma. La demandada, patrocinada legalmente por la abogada y actual senadora bonaerense Florencia Arietto, acreditó la gravedad de los hechos a través de declaraciones testimoniales de empleados administrativos, directivos de planta e intervenciones notariales labradas en el lugar.
El tribunal determinó que la participación activa del demandante, Silvio Chamorro, en la clausura física de los cuatro portones de ingreso representó una falta disciplinaria grave e injuria laboral suficiente para quebrantar el principio de confianza contractual, justificando la rescisión del vínculo laboral sin derecho a indemnización y con imposición de costas judiciales a su cargo.
El fallo desestimó asimismo el reclamo de una indemnización agravada por presunta estabilidad gremial que el trabajador invocaba en su carácter de subdelegado general electo. Los magistrados comprobaron que Chamorro no reunía la antigüedad mínima de un año de afiliación sindical requerida por la Ley 23.551 al momento de postularse, dado que contaba con apenas ocho meses de aportes formalizados en la entidad gremial.
A esa incompatibilidad legal se sumó la nulidad insalvable del proceso eleccionario. La Justicia constató que los comicios no se desarrollaron dentro del predio fabril ni en jornada laboral, sino en la vereda exterior de la fábrica, sin urnas habilitadas, mediante voto cantado y sin resguardo del sufragio secreto. De este modo, la sentencia concluyó que el operario no poseía personería de representación legítima que le otorgara fueros sindicales frente a la sanción patronal.
