La medida busca solventar el mantenimiento del asfalto ante el paso de más de 4.300 camiones con arena silícea, eximiendo a los rodados radicados en la provincia.
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El gobierno de La Pampa enviará a la Legislatura local un proyecto de ley para regular la administración y el cobro de peajes en su red vial, con el propósito de mitigar el severo desgaste en la infraestructura derivado del auge de Vaca Muerta. La provincia se transformó en un paso estratégico obligado para el abastecimiento del polo energético neuquino: alrededor del 75% de las arenas de fractura utilizadas en los pozos proviene de canteras de Entre Ríos (principalmente de Ibicuy y extracciones fluviales), lo que moviliza una flota de hasta 4.300 camiones diarios en tránsito constante hacia el sur.
La proyección de la industria hidrocarburífera anticipa una mayor presión sobre las trazas: la demanda de este insumo clave pasará de 5,5 millones de toneladas consumidas en 2025 a 7 millones en 2026, hasta rozar los 8 millones de toneladas hacia 2027, lo que representará un incremento de casi el 45% en el flujo de carga pesada en apenas dos años.
La propuesta legislativa, fundamentada en el régimen de la Dirección Provincial de Vialidad (Decreto-Ley N° 577/58), crea el "Fideicomiso Rutas Pampeanas" —cuyo directorio estará integrado ad honorem por funcionarios viales— y determina el destino específico de los fondos:
Fondo Provincial Vial (90%): Los recursos netos se aplicarán de forma directa a la construcción, repavimentación y conservación de la infraestructura vial provincial.
Caminos rurales y municipios (10%): Se coparticipará a municipalidades y comisiones de fomento en proporción a la extensión de sus redes vecinales, garantizando caminos adecuados para la producción agropecuaria.
Exenciones tarifarias: Quedarán totalmente eximidos del pago los vehículos radicados tributariamente en La Pampa, los móviles de emergencia (policía, bomberos, salud pública y defensa civil), las unidades oficiales del Estado y los servicios de transporte público interurbano de pasajeros. Para los rodados foráneos, el cobro se calibrará en función del peso y el daño estructural que provoquen sobre el asfalto.
La determinación del gobierno pampeano se alinea con las estrategias adoptadas por otras provincias de la cuenca ante la falta de financiamiento del Estado federal para el mantenimiento vial. En Neuquén, la administración de Rolando Figueroa gestiona el traspaso de corredores nacionales clave para instalar peajes y cobrar un canon directo al transporte pesado del sector petrolero.
Esta política replica el modelo de Río Negro, provincia que acordó con la Nación la transferencia de la gestión operativa de las rutas nacionales 22 y 151 por un plazo de 20 años, dos arterias neurálgicas que sufrían un fuerte deterioro por el tránsito masivo de carga y cuya recuperación resulta clave tanto para la actividad energética como para la producción frutícola del Alto Valle.
