Al concluir sus sesiones sin tratar las medidas cautelares pedidas por la exmandataria, el Comité de Derechos Humanos aplazó el expediente hasta 2027, un revés que impacta en su intento de revertir la inhabilitación para competir en las urnas.
Las aspiraciones electorales de Cristina Kirchner sufrieron un traspié significativo en el plano internacional. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó a principios de noviembre su período ordinario de sesiones sin incorporar a su agenda la solicitud presentada por la defensa de la expresidenta, lo que traslada cualquier posible tratamiento hasta la reapertura del calendario del organismo en marzo de 2027. Esta postergación temporal debilita la hoja de ruta trazada por su entorno con miras a los comicios presidenciales venideros.
La intención de los letrados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego consistía en obtener una medida cautelar urgente que frenara los efectos de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Desde la óptica de la defensa, esa sanción representa un cercenamiento ilegítimo y desmedido de los derechos políticos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular el derecho a elegir y ser elegida. Asimismo, los abogados sostienen que las medidas precautorias pueden evaluarse en cualquier etapa, más allá de que el procedimiento regular de traslados y descargos con el Estado suele prolongarse entre dos y tres años.
El escrito elevado ante la ONU denuncia la vulneración de las garantías de un juicio justo, argumentando que se le adjudicaron faltas penales por determinaciones administrativas ajenas a su marco constitucional. A su vez, los representantes legales objetaron la falta de independencia del tribunal, aludiendo a presunto forum shopping, vínculos personales entre magistrados, fiscales y referentes de la oposición, la intervención de una Corte Suprema con integración reducida a tres miembros y el hecho de que un juez resolviera su propia recusación.
La vía internacional surgió como el último recurso disponible tras haberse clausurado todas las instancias ordinarias y extraordinarias en los tribunales locales, donde la Corte Suprema ratificó la culpabilidad de la exmandataria por administración fraudulenta en la causa Vialidad. El ordenamiento jurídico argentino no contempla una cuarta instancia revisora y el organismo de la ONU carece de facultades para anular sentencias judiciales, limitándose a formular recomendaciones al Poder Ejecutivo.
De esta manera, la ex jefa de Estado continúa bajo arresto domiciliario en San José 1111, cumpliendo una pena de seis años de prisión y excluida del padrón electoral. La búsqueda de un pronunciamiento que destrabara su proscripción legal no solo apuntaba a una postulación directa, sino también a consolidar su margen de negociación política en el armado de listas dentro del peronismo, donde sostiene una disputa de liderazgo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Frente a la demora en el ámbito de las Naciones Unidas, el espacio político de la exmandataria desplegó gestiones en el exterior mediante la comitiva “Cristina Libre”. La delegación integrada por los diputados Jorge Taiana y Vanesa Siley, la economista Delfina Rossi y el legislador del Mercosur Franco Metaza viajó a Washington para exponer la situación procesal de la dirigente ante Pramila Jayapal y Jesús “Chuy” García, miembros del Caucus Progresista demócrata en la Cámara de Representantes.
El horizonte en los tribunales presenta complicaciones añadidas para la exmandataria. Mientras procura sortear las consecuencias de la condena de Vialidad, tiene por delante los debates orales de los expedientes Cuadernos y Hotesur-Los Sauces, procesos en los cuales eventuales fallos adversos acumularán sus penas en caso de quedar firmes ante el máximo tribunal.
