Ambos gobiernos retomaron las mesas de trabajo del Tratado de Integración y Complementación Minera para facilitar que megayacimientos de cobre en la cordillera compartan infraestructura, reduzcan costos logísticos y accedan a puertos del Pacífico.

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Los gobiernos de Argentina y Chile reactivaron las mesas técnicas de trabajo en el marco del Tratado de Integración y Complementación Minera —acuerdo suscripto originalmente en 1997— con el objetivo de establecer un marco regulatorio ágil que permita a las empresas del sector compartir infraestructura, recursos hídricos y corredores logísticos a lo largo de la Cordillera de los Andes. El acercamiento binacional, revitalizado durante los últimos meses bajo las administraciones de los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast, apunta a destrabar inversiones privadas conjuntas que, según estimaciones del Ministerio de Minería chileno, podrían superar los USD 20.700 millones e incorporar más de 540.000 toneladas métricas a la producción anual de cobre.
Para las compañías operadoras, el principal incentivo radica en la posibilidad de conectar los yacimientos situados del lado argentino con los puertos de aguas profundas sobre el Océano Pacífico y la consolidada cadena de proveedores del país trasandino, mayor productor global del metal rojo. Esta articulación busca reducir significativamente los costos de flete, acortar las rutas de exportación hacia los mercados asiáticos y acelerar la puesta en marcha operativa de las minas.
La agenda de integración contempla una cumbre en Santiago con representantes de tres de los desarrollos más avanzados de la región: Los Azules (McEwen Copper), El Pachón (Glencore) y el distrito binacional Vicuña, operado en conjunto por Lundin Mining y BHP. Mientras que el proyecto Vicuña proyecta abastecerse con agua desalinizada proveniente del Pacífico mediante infraestructura compartida, las autoridades de Los Azules confirmaron su interés en los acuerdos bilaterales dada su proximidad geográfica con el límite internacional, aun cuando mantengan esquemas operativos propios.
Para la Argentina, que no registra producción comercial de cobre a gran escala desde el cierre del yacimiento Bajo de la Alumbrera en 2018, la consolidación de esta cartera de inversiones resulta estratégica. De concretarse los plazos de construcción previstos, los analistas estiman que el país podría posicionarse entre los diez principales productores globales de cobre hacia 2030, conformando junto a Chile un polo de suministro determinante para abastecer la demanda de la transición energética mundial.