La Ley 9737 entró en vigencia con penalidades que incluyen trabajos comunitarios, arresto de hasta 25 días y multas que alcanzan los $5 millones para empresas, montos que pueden duplicarse si rige un alerta meteorológico en la provincia.
El Poder Ejecutivo de Mendoza promulgó formalmente la Ley 9737, una reforma integral al Código Contravencional (Ley 9099) que agrava sustancialmente los castigos para quienes arrojen o acumulen deshechos, escombros, metales o aguas residuales en la vía pública o predios privados. La normativa, publicada este lunes en el Boletín Oficial, abarca calles, plazas, parques, terrenos baldíos y veredas sin mantenimiento, extendiendo la responsabilidad tanto a personas físicas como a empresas en todo el territorio provincial.
Bajo el nuevo régimen contravencional, los infractores particulares se exponen a sanciones económicas que oscilan entre 1.000 y 2.000 Unidades Fijas —valores que actualmente equivalen a cifras de entre $500.000 y $1 millón—, alternativas de arresto efectivo de 10 a 20 días y una carga obligatoria de 30 jornadas de trabajo comunitario de limpieza. Quienes incurran en estas conductas deberán asumir además el costo financiero total que implique remover los despojos y reparar los deterioros ocasionados.
El texto legislativo fija agravantes específicos para las faltas que comprometan la red de distribución y drenaje pluvial. Desechar desperdicios en canales, acequias, hijuelas, colectores y cauces aluvionales que impidan o arriesguen el normal curso del agua derivará en multas de hasta $1,5 millones (3.000 UF), sanciones de detención de hasta 25 días y trabajos de saneamiento forzoso.
En lo relativo al sector corporativo y personas jurídicas, las penas pecuniarias se tornan aún más severas: cuando el vertido ilegal se efectúe en provecho o representación de una firma comercial, las penalizaciones treparán en una escala de $2,5 millones a $5 millones (hasta 10.000 UF). El marco legal faculta además a la Justicia para aplicar decomisos de maquinaria, clausuras e inhabilitaciones comerciales, sin neutralizar las causas individuales que correspondan a los autores materiales.
Una de las innovaciones centrales radica en la duplicación automática de los topes económicos cuando la infracción ocurra bajo vigencia de alertas hidrometeorológicas o estados de catástrofe oficial, contexto en el cual una empresa podría afrontar multas de hasta $10 millones y un particular de hasta $3 millones. Asimismo, ante contravenciones protagonizadas por menores de edad, sus padres o tutores responderán solidariamente con su patrimonio por la totalidad de las tareas de remoción y remediación ambiental.
En cuanto a los recursos generados por la aplicación de estas sanciones, la ley ordenó que la recaudación derivada de los cobros contravencionales sea asignada de manera anual y directa a los cuerpos de bomberos voluntarios operativos en la provincia, transformando el régimen punitivo en una fuente de financiamiento para el equipamiento de emergencias.
