Mediante un decreto oficial, la Casa Rosada resguardó los detalles y proveedores de un nuevo suministro bélico, en un contexto de tensión creciente con Londres y de una fuerte renovación en las Fuerzas Armadas.
A través del Decreto 1205/2026 rubricado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nacional declaró como secreto militar una flamante adquisición de material destinada a las Fuerzas Armadas. La ordenanza, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti, establece una reserva total sobre las contrataciones, impidiendo conocer el presupuesto involucrado, el proveedor adjudicado y las características específicas de las unidades asignadas.
Esta determinación oficial coincide con un período de marcada rispidez bilateral con el Reino Unido en torno al reclamo por las Islas Malvinas. En las semanas previas, la administración argentina impuso penalidades y demandas penales a petroleras sin concesión nacional en la zona, inició gestiones de arbitraje ante la ONU para frenar el proyecto crudo Sea Lion e impulsó el levantamiento de un enclave naval en Tierra del Fuego. Como réplica, la diplomacia británica convocó a la representación argentina para emitir un reclamo formal, al tiempo que el primer ministro Andy Burnham ratificó en el Parlamento una postura intransigente sobre la posición de los isleños.
Para eximir al proceso de las exigencias habituales de publicidad y licitación pública del Estado, el texto oficial fundamenta su confidencialidad en los preceptos de la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración Castrense (24.948) y normativas complementarias de seguridad. La instrumentación recayó de manera directa en la Subsecretaría de Gestión Administrativa, mediante un expediente que, a diferencia de los decretos anteriores vinculados al mantenimiento de la flota aérea, no exhibe ligazón formal con aviones de combate ni detalla la fuerza específica de destino.
La resolución se inserta dentro del proceso de renovación operativa más ambicioso de los últimos años, periodo en el que la inversión pública en suministros militares y de seguridad trepó por encima de los 445 millones de dólares. La punta de lanza del esquema residió en la compra a Dinamarca de 24 cazas F-16 Fighting Falcon por 301,2 millones de dólares, cuyas primeras tandas operativas ya se integraron al servicio territorial para restaurar el potencial supersónico que el país había resignado hace casi una década.
El esquema de adquisiciones terrestres y navales sumó vehículos de combate blindados Stryker 8x8 gestionados con Estados Unidos, un programa de helicópteros UH-60L Black Hawk orientado a modernizar el Batallón de Asalto 601, junto con aviones de exploración marítima P-3 Orion procedentes de Noruega para la vigilancia del Atlántico Sur, aeronaves ligeras Bell y vehículos logísticos terrestres.
El horizonte castrense apunta ahora a una partida de financiamiento exterior asentada en el proyecto de Presupuesto 2027, donde se solicita aval para contraer deuda por 2.300 millones de dólares destinados a tres submarinos de propulsión convencional y otros 1.200 millones para fragatas multipropósito. Las autoridades navales evalúan propuestas del astillero francés Naval Group con su modelo Scorpène Evolved y de la firma alemana ThyssenKrupp Marine Systems, alternativas que devolverían la capacidad de inmersión estratégica al país tras la trágica pérdida del submarino ARA San Juan en 2017.
