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La Resolución 264/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación, publicada el 25 de septiembre, creó el Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM) para nuevas demandas energéticas o ampliaciones de gran escala, entre ellas centros de datos, emprendimientos mineros y otros procesos productivos intensivos en electricidad. Su objetivo inmediato es evitar que estos consumos extraordinarios comprometan el abastecimiento de los usuarios ya conectados al sistema o trasladen a todos el costo de las inversiones necesarias para atenderlos.
Quien incorpore al sistema una demanda excepcional deberá acompañarla con nueva oferta. La normativa considera XDEM a los proyectos que representen un incremento igual o superior al 0,5?% de la demanda media del Mercado Eléctrico Mayorista, umbral que la Secretaría estima en torno a 80?MW. Cada proyecto debe presentar un Plan Especial de Abastecimiento, contratar nueva producción por al menos el 80?% de su consumo efectivo y asegurar potencia firme suficiente para cubrir el 100?% de su demanda máxima; para los centros de datos la exigencia de potencia firme se eleva al 115?%.
La lógica económica es clara: Argentina busca atraer inversiones de gran escala que pueden transformar su estructura productiva, pero que son muy intensivas en consumo de energía. Un data center de inteligencia artificial, una nueva mina o una planta industrial de gran tamaño pueden consumir tanto como una ciudad mediana. Si esas inversiones ingresaran al sistema apoyándose exclusivamente en la generación e infraestructura existentes, el costo de ampliar la oferta y las redes quedaría socializado entre todos los usuarios. La nueva regulación invierte esa ecuación: la demanda adicional debe generar también inversión adicional.
Desde la perspectiva de la transición energética, la resolución es tecnológicamente neutral. No obliga a que la nueva energía sea renovable; la "Nueva Oferta Elegible XDEM" puede provenir de generación renovable, térmica, hidroeléctrica, nuclear u otras tecnologías reconocidas por la Secretaría. Para la potencia firme se admiten centrales térmicas, hidroeléctricas, nucleares y sistemas de almacenamiento de al menos seis horas.
Los centros de datos son un caso ilustrativo. La competencia global por atraer infraestructura de inteligencia artificial está cada vez más vinculada a la disponibilidad de electricidad abundante, confiable y con baja huella de carbono. Para las grandes empresas tecnológicas el origen de la energía forma parte de sus compromisos ambientales y de sus estrategias de reducción de emisiones. En ese contexto, la normativa argentina puede transformar una aparente restricción —la obligación de aportar energía propia— en una ventaja competitiva: la posibilidad de desarrollar instalaciones vinculadas desde su origen a generación renovable y almacenamiento.
Lo mismo ocurre con la minería. La electrificación de procesos y la reducción de la intensidad de carbono son cada vez más relevantes para la competitividad internacional de minerales como el litio y el cobre. Una mina alimentada en gran parte por energía renovable no solo reduce emisiones, sino que mejora la trazabilidad ambiental del producto, facilita el acceso a financiamiento sostenible y refuerza su inserción en cadenas globales que exigen información sobre la huella de carbono incorporada.
Para que la oportunidad se materialice, no basta con imponer una obligación. El régimen debe evitar convertirse en una barrera de entrada excesivamente rígida. Resulta fundamental contar con reglas previsibles para contratos de largo plazo, acceso a redes, ampliaciones de transporte y reconocimiento del almacenamiento, así como una coordinación estrecha con las provincias, dado que muchos proyectos intensivos en energía y gran parte del potencial renovable se encuentran lejos de los principales centros de consumo.
El transporte eléctrico es probablemente el cuello de botella más importante. La propia resolución dispone que, cuando varias solicitudes compitan por capacidad limitada, deben evitarse reservas especulativas y priorizarse proyectos con suficiente madurez. Sin una expansión paralela de las redes, no se podrá articular una estrategia de expansión de grandes consumidores y nueva generación.
Existe, además, la oportunidad de introducir señales ambientales sin abandonar la neutralidad tecnológica. El Gobierno podría facilitar procedimientos para proyectos que combinen nueva demanda con generación renovable y almacenamiento, desarrollar estándares claros para acreditar el origen de la electricidad, fortalecer los certificados de energía renovable y permitir que la reducción de emisiones asociada se documente de forma robusta.
En suma, la Resolución 264/2026 marca un cambio conceptual importante. Durante décadas la planificación eléctrica partió de la premisa de expandir el sistema para acompañar el crecimiento de la demanda. El nuevo régimen introduce la lógica complementaria de que quien genera una demanda excepcional debe contribuir a crear la oferta necesaria para abastecerla. Si esa obligación se combina con competencia entre tecnologías, contratos de largo plazo, expansión del transporte y reglas que valoren adecuadamente la energía limpia, puede movilizar capital privado hacia una transformación de la matriz energética.
Argentina necesita simultáneamente más inversión productiva y más energía. Plantear ambas agendas como contradictorias sería un error. La llegada de centros de datos, minería, nuevas industrias y otros grandes consumidores puede elevar fuertemente la demanda eléctrica y, a la vez, convertirse en el motor que financie la siguiente ola de generación. El desafío de la política pública es lograr que esa nueva capacidad no reproduzca simplemente la matriz existente, sino que ayude a construir una más abundante, resiliente y limpia. En ese sentido, exigir que los grandes consumidores "traigan su energía" puede ser mucho más que una medida defensiva: una herramienta de transición energética.
