Grupos delictivos en el desierto de Antofagasta perfeccionaron sus métodos para asaltar formaciones ferroviarias en marcha y extraer cátodos de 80 kilos destinados a la exportación.
El robo de cobre en el norte de Chile dejó de ser una serie de hurtos aislados para consolidarse como una amenaza sistemática contra la cadena logística del mayor productor mundial del metal rojo. Bandas criminales que operan en las zonas desérticas de la región de Antofagasta han modificado sus tácticas operativas para eludir las defensas de las empresas de transporte, focalizando sus golpes sobre los trenes que trasladan cátodos desde los yacimientos cordilleranos hacia los puertos de exportación.
Las cifras oficiales reflejan un salto cuantitativo y cualitativo en los ataques. De acuerdo con información reportada por Antofagasta Plc, a lo largo de 2025 se contabilizaron 86 asaltos a formaciones ferroviarias, más del doble de los 39 episodios registrados en 2022. Sin embargo, la escalada se profundizó en 2026: durante los primeros cuatro meses del año se produjeron 34 asaltos y se sustrajeron 169 toneladas de cobre, cifra que representa el 71% de todo el volumen robado durante el año anterior.
Las investigaciones judiciales revelaron maniobras de alta coordinación y precisión. Los asaltantes saltan desde camionetas hacia los vagones en marcha, desprenden planchas de cobre de aproximadamente 80 kilos y las arrojan hacia el desierto para que otros vehículos las recojan. En otros casos, emplean ganchos mecánicos para remover cargamentos completos aprovechando reducciones temporales de velocidad.
La problemática afecta directamente al Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), cuyos convoyes recorren más de 700 kilómetros de vías a través de áreas desérticas con severas limitaciones de comunicación y custodia policial. La traza conecta operaciones clave como Chuquicamata, perteneciente a la estatal Codelco, y El Abra, operada por Freeport-McMoRan. En el caso de Chuquicamata, las decenas de ataques sufridos en 2025 generaron pérdidas directas por USD 2,4 millones en cobre, obligando a invertir un monto similar en blindajes y refuerzos de seguridad.
Pese a que las empresas comenzaron a incorporar jaulas de protección sobre las cargas, las bandas sortearon estos obstáculos. En la ruta de El Abra, un tren enrejado fue vulnerado dos veces en un lapso de dos semanas a principios de año. A ello se suma un incremento en la violencia: en recientes episodios, los delincuentes atacaron a pedradas a los maquinistas y operarios ferroviarios durante la huida, transformando el conflicto financiero en un problema de seguridad física y continuidad de las faenas.
El material sustraído ingresa a un circuito clandestino sofisticado. La Fiscalía y las fuerzas policiales determinaron que el cobre se deriva a galpones clandestinos de acopio de chatarra, donde es fundido para borrar numeraciones, sellos y marcas de identificación, permitiendo su posterior exportación fraudulenta como residuo metálico sin procesar.
Este engranaje quedó al descubierto en abril mediante la operación judicial "Alto Voltaje", que permitió desarticular una red ilícita que movilizó más de USD 917 millones entre 2020 y 2025. El operativo derivó en la detención de 25 personas y la incautación de 187 toneladas del mineral.
Para las mineras que operan en Chile —país que abastece cerca del 25% del cobre a nivel global—, la vulnerabilidad ferroviaria introduce sobrecostos logísticos críticos en vigilancia privada, monitoreo satelital y pólizas de seguro, encendiendo alertas en el resto de los países productores de la región frente al alza internacional del precio del metal.